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CÓDIGO MERCANTIL CUBANO. UNA PROPUESTA PARA CUBA

El Derecho Mercantil cubano enfrenta hoy el desafío de responder a una realidad empresarial mucho más diversa que la existente durante décadas anteriores. Empresas estatales, sociedades mercantiles, MIPYMES, cooperativas, trabajadores por cuenta propia, inversión extranjera y otras formas de organización económica participan actualmente en relaciones de contratación, financiamiento, asociación, comercio y solución de controversias.

El problema no radica necesariamente en la ausencia de normas. Una de las cuestiones centrales es precisamente su dispersión. De ahí surge la propuesta de avanzar hacia un Código Mercantil Cubano capaz de integrar principios e instituciones fundamentales dentro de un sistema jurídico común, coherente y moderno para los distintos actores económicos.

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Le invitamos a ver a continuación nuestro video, en el que presentamos de forma resumida la propuesta y los principales fundamentos que justifican la construcción de un nuevo sistema mercantil cubano.

La realidad empresarial cubana ha cambiado. El incremento y diversificación de los sujetos que participan en la economía genera relaciones cada vez más complejas entre empresas estatales, privadas, cooperativas, sociedades mercantiles e inversionistas extranjeros.

Cuando estos actores compran, venden, contratan, se asocian, obtienen financiamiento o enfrentan controversias, necesitan reglas suficientemente claras para determinar sus derechos, obligaciones y responsabilidades.

La propuesta de un Código Mercantil Cubano no parte de la idea de eliminar las regulaciones especiales que puedan resultar necesarias para determinadas actividades o formas de propiedad. El propósito es diferente: construir un marco jurídico general que permita ordenar e integrar las instituciones esenciales de la actividad empresarial.

Entre esas materias se encuentran la empresa y los sujetos mercantiles, las sociedades, las obligaciones y contratos, el financiamiento y las garantías, la insolvencia empresarial, la inversión extranjera, el arbitraje y los mecanismos destinados a garantizar la efectividad de los derechos.

Una codificación de esta naturaleza permitiría que las diferentes formas empresariales mantengan sus particularidades cuando corresponda, pero compartan reglas básicas para contratar, asociarse, invertir, responder frente a terceros y resolver sus conflictos.

La finalidad no es simplemente elaborar un nuevo cuerpo legislativo. El verdadero objetivo sería avanzar desde un conjunto de disposiciones dispersas hacia una arquitectura jurídica mercantil coherente, capaz de acompañar las transformaciones económicas y empresariales del país.

En definitiva, la propuesta parte de una idea sencilla: si la realidad económica está conectando cada vez más a sus diferentes actores, el Derecho debe ser capaz de ofrecerles un sistema común que ordene jurídicamente esas relaciones.

Dr. Carlos Rafael Grillo González
Abogado cubano-mexicano
Grillo & Grillo’s | Derecho · Consultoría · Inversión