Hacia la actualización del sistema de justicia constitucional y judicial cubano
Una propuesta para fortalecer la supremacía constitucional, la justicia y la protección efectiva de los derechos de los ciudadanos, empresarios e inversionistas extranjeros.
Por el Dr. H.C. Carlos Rafael Grillo González
La soberanía cubana es una sola: reside en el pueblo. Pero el perfeccionamiento de su sistema de justicia exige algo más que reorganizar tribunales o aprobar nuevas disposiciones. Requiere examinar, con una visión integral, cómo se distribuyen las competencias constitucionales, cómo se garantiza la independencia de quienes imparten justicia y qué vías reales tienen los ciudadanos y los extranjeros para defender sus derechos.
Con ese propósito he desarrollado la investigación «Hacia un Nuevo Sistema de Justicia Constitucional y Judicial en Cuba», una propuesta dirigida a promover la reflexión y el diálogo jurídico sobre posibles transformaciones institucionales, desde el análisis del ordenamiento constitucional cubano y sus procedimientos de reforma, dentro del marco constitucional socialista vigente.
Mi propuesta plantea tres transformaciones concretas: distribuir con autonomía las funciones constitucionales del Estado; establecer un Tribunal Constitucional independiente de la jurisdicción ordinaria; y fortalecer la justicia común mediante tribunales mixtos con participación ciudadana, independencia judicial y defensa profesional efectiva.
Los tres ejes centrales de la propuesta son:
Primera propuesta. Autonomía de las funciones del Estado
La primera parte de una idea fundamental: la soberanía popular es el fundamento único del poder estatal, al tiempo que su ejercicio puede organizarse mediante funciones constitucionalmente diferenciadas, con competencias propias, responsabilidades definidas y garantías de autonomía decisoria.
En términos prácticos, ningún órgano estatal debe poder sustituir discrecionalmente las decisiones jurisdiccionales ni resolver asuntos atribuidos constitucionalmente a otra autoridad. La coordinación entre instituciones debe realizarse dentro de la Constitución, no mediante interferencias en decisiones concretas.
En mi opinión, la cuestión no consiste en reproducir mecánicamente modelos extranjeros, sino en estudiar soluciones compatibles con la realidad y las exigencias jurídicas actuales del país, tomando en consideración, entre otros, los artículos 5, 108, 148 y 226 a 229 de la Constitución.
Segunda propuesta. Un Tribunal Constitucional especializado
La segunda, examina la posible creación de un Tribunal Constitucional especializado, diferenciado del Tribunal Supremo Popular, encargado de resolver las cuestiones constitucionales que la Constitución y la ley le atribuyan y de hacer efectiva la supremacía de la Constitución. Se trataría de establecer vías claras para examinar cuándo una norma o una actuación de las autoridades contradice la Constitución y, en los casos previstos, obtener una decisión eficaz que proteja los derechos.
No sería otro tribunal para repetir juicios ordinarios, sino uno especializado en asuntos constitucionales. Sus resoluciones tendrían efectos jurídicos definidos y exigibles, sujetos a reglas claras de procedimiento.
Su eventual establecimiento exigiría precisar sus competencias, la forma de integración de sus magistrados, los efectos de sus decisiones y su relación con las atribuciones constitucionales reconocidas a otros órganos del Estado, particularmente la Asamblea Nacional del Poder Popular y el Tribunal Supremo Popular.
Tercera propuesta. Una justicia ordinaria más independiente y participativa
La tercera, aborda la modernización de la justicia ordinaria: mayores garantías de independencia e imparcialidad, decisiones motivadas, acceso efectivo a la defensa y participación ciudadana. Los ciudadanos integrantes no actuarían como simples observadores: participarían bajo reglas de deliberación, votación y responsabilidad fijadas previamente por la ley.
Su intervención en cada causa requeriría un sistema objetivo de asignación, impedimentos y recusaciones, además de formación y protección frente a eventuales presiones.
En este ámbito propongo, entre otras alternativas, crear un modelo de tribunal mixto integrado por un juez profesional y seis ciudadanos elegidos directamente en sus municipios, cuyo funcionamiento y garantías procesales requieren un diseño riguroso.
Continuidad constitucional y fundamento jurídico
Nuestra propuesta no desconoce la participación popular de los jueces legos ni los mecanismos actualmente previstos para la protección de los derechos constitucionales. Utilizamos como referencias el texto consolidado de 2025 de la Constitución de la República de Cuba, la Ley 140 de 2021 sobre los Tribunales de Justicia, la Ley 153 de 2022 acerca del Proceso de Amparo de los Derechos Constitucionales, la Ley 176 de 2024 sobre el Ejercicio de la Abogacía y la Organización Nacional de Bufetes Colectivos y, como antecedente histórico, el Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales de 1940.
Las ideas examinadas requieren valorar las competencias de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Tribunal Supremo Popular, así como los procedimientos y límites de reforma constitucional. Algunas cuestiones, entre ellas la relación entre dirección política, autonomía jurisdiccional y efectos vinculantes de las decisiones constitucionales, permanecen abiertas a una reflexión jurídica adicional.
Por ello, esta obra no presenta un proyecto legislativo acabado ni pretende anticipar conclusiones que requieren debate. Propone una ruta gradual: examinar el Derecho vigente, identificar las necesidades de perfeccionamiento, contrastar experiencias comparadas, delimitar las reformas necesarias y someter las alternativas a discusión académica, institucional y ciudadana.
Seguridad jurídica para los ciudadanos, empresarios e inversionistas
El propósito final es contribuir a una justicia más accesible, responsable y eficaz, en la que la Constitución no sea únicamente una declaración de principios, sino un marco efectivo de garantías, control y límites al ejercicio de las funciones públicas.
Estas propuestas también tienen una dimensión económica fundamental. Un empresario cubano y un inversionista extranjero necesitan reglas claras y previsibles, respeto a los contratos y la posibilidad real de defender sus derechos frente a decisiones injustas. Cuando surge un conflicto, deben existir procedimientos conocidos y tribunales imparciales. La seguridad jurídica debe abarcar a todas las personas que actúan legítimamente en el país, con un propósito claro: instituciones responsables, derechos protegidos y una justicia más transparente y confiable.
Una invitación al diálogo jurídico
La investigación completa se encuentra en fase de revisión integral del autor. Esta presentación ofrece un avance de sus principales ideas, con el objetivo de fortalecer el valor jurídico de la Constitución vigente y hacer de la justicia una garantía efectiva para todas las personas. La investigación estudia, por tanto, la relación entre organización estatal, control de constitucionalidad, garantías judiciales y acceso a una defensa técnica de mayor profesionalidad.
Nuestra propuesta se dirige a juristas, investigadores, docentes, estudiantes, instituciones académicas y autoridades que deseen conocer y debatir alternativas de perfeccionamiento jurídico en Cuba.
«Fortalecer la justicia es fortalecer la confianza del pueblo cubano y de todos los actores nacionales y extranjeros que, dentro del marco de la legalidad, participan en la vida económica y social del país; es ofrecer mayores garantías, seguridad jurídica y certeza para construir juntos un mejor futuro cubano».
Dr. H.C. Carlos Rafael Grillo González
Abogado cubano-mexicano | Consultoría Internacional Grillo & Grillo’s